La crisis que atravesaba la sociedad española de 1917 no podía ser el escenario de una coherente política educativa en España y, consecuentemente, en San Fernando. En efecto, en el verano de 1917 en España, sucedieron tres desafíos simultáneos que hicieron peligrar al gobierno e incluso al mismo sistema de la Restauración: un movimiento militar (las Juntas de Defensa), un movimiento político (la Asamblea de Parlamentarios que tuvo lugar en Barcelona convocada por la Lliga Regionalista), y un movimiento social ( la huelga general revolucionaria). Este panorama era poco apto para la continuidad que la legislación en materia de educación necesita para su efectividad.

            El periodo inicial de la Dictadura de Primo de Rivera sería, incomprensiblemente, afín al espíritu liberal. Así se dictarían órdenes[1] por las que se daban treinta días de plazo a los colegios privados para que legalizaran su situación en cuestiones como la titulación adecuada a sus cuadros de profesores. Situación que tocaba directamente a los colegios confesionalmente católicos ya que los docentes de estos centros no tenían, en su mayor parte, regularizada su situación.

            El analfabetismo continuaba siendo un lastre en el desarrollo cultural de San Fernando, aunque poco se diferenciaba el número de individuos que no sabían leer ni escribir en esta Ciudad del que reflejaba tal situación a nivel nacional: el cuarenta y seis por ciento y el cincuenta y dos por ciento, respectivamente.[2]

            Uno de los soporte de la calidad de enseñanza, aparte del binomio docente-discente, es el local donde la enseñanza y el aprendizaje tiene lugar. San Fernando, como se ha visto en otros artículos del blog, tenía locales mal conservados y, en general, no aptos como centros de instrucción. Sin embargo era éste un panorama habitual en todo el territorio Nacional:

“…Mientras no haya maestros, pero muchos maestros dignamente retribuidos; eso sí, según sus merecimientos; y locales, pero muchos locales, baratos, limpios y aireados, y mientras no se gaste en ello muchísimo dinero, más dinero del que ahora se gasta, todo quedará lo mismo que está, aunque sigamos recreándonos con la música celestial de la enseñanza obligatoria…”[3] (estas palabras no son del 2013, pero las podía decir cualquier coetáneo)

            Aunque de forma lenta, desde que se creó en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 1920, la Oficina Técnica de Construcciones, se notaría una mayor preocupación por reducir el déficit de puestos escolares. Esa idea sería asumida por el Cabildo municipal de San Fernando y, sobre todo, por el Concejal y maestro Santiago Guillén García. De esta forma, llegaría a proponerse en 1925[4], por el edil mencionado la construcción de un nuevo grupo escolar. Tres años más tarde, en 1928, cuando el Ayuntamiento había presentado y discutido el proyecto[5] , se estimaría que debería construirse el grupo escolar porque:

“…Valorado en cuarenta mil pesetas, por tener tres secciones le corresponde la bonificación del Estado de treinta mil pesetas, haciendo constar que bien pudiera ser su valor  de treinta mil pesetas, si se logra el modelo único para la provincia, sin perjuicio de que pueda hacerse algo más lujoso conforme a las circunstancias económicas de que pueda disponerse en su día…”

            No sólo se discutiría el gasto económico que iba a ocasionar el nuevo grupo escolar, también se discutiría el lugar dónde se emplazaría. Se habló de dos lugares: la plaza de Quintanilla y la plaza del Castillo, prefiriéndose el primer lugar por la proximidad de la plaza del Castillo con las Escuelas de la Placilla (grupo escolar Manuel Roldán)[6].

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[1] Real Orden de 25 de septiembre de 1923 por el que se restablecía el Real Decreto de 1 de junio de 1902, promulgado por Romanones.

[2] En esa misma época en Francia el porcentaje era del veintiséis

[3] Carbonell Sebarroja,J. Antología Pedagógica de Bartolomé Cossío p.p. 311-315

[4] Sesión del Cabildo del 13 de octubre de 1925

[5] Sesión del Cabildo del 12 de mayo de 1928

[6] Páez Fernández, M. Crónicas de Educación. 1992,  p.81