miércoles, 9 de octubre de 2013

La subvención que el Ayuntamiento de San Fernando concedió a los HH de la Doctrina Cristiana continuaba en 1932 (ver entrada anterior). Pero en el Pleno municipal que se celebró el 17 de octubre se originaría un enfrentamiento entre los que eran partidarios de anular la misma y los que abogaban por mantenerla.
“…que la Presidencia concrete su posición, que está muy claro el acuerdo; los Hermanos tendrán subvención en tanto tuvieran, por falta de escuelas, que mantener el ciento y pico de niños, pero habiendo el Ayuntamiento instalado cinco escuela, debe cesar la obligación y, por tanto la subvención…

            Mientras por parte del secretario del Consejo Local de Instrucción Primaria, Diego Berraquero Miril, se exponía:
       “En cumplimiento de mi deber debo informar del estado en que se haya el censo escolar de San Fernando, en donde hay más de 15 ó 20 colegios clandestinos, regidos por intrusos de la enseñanza[1], pues ni siquiera tienen el título de maestro y, cuya población escolar constituiría un problema al clausular las escuelas mencionadas, pues sería un millar de niños que no podrían recibir instrucción por falta de escuelas y profesores. Y en cuanto a los niños de los Hermanitos, sería no el ciento que se habló sino muchísimos más que no podrían acomodarse en las cinco escuelas formadas porque ya están sobrecargadas…En estas condiciones todo lo que determinaría aumento de niños sin escolarizar sería pavoroso para San Fernando cuyo Municipio está obligado a dar matriculación al hijo del `pobre que no puede sufragar los gastos de la enseñanza…por tanto, ni puede no debe anularse ahora esta partida del presupuesto, en beneficio de los niños pobres...”

            La polémica trascendería al público que presenciaba la sesión, hasta tal punto que la Presidencia mandaría desalojar la sala. Este incidente que tuvo como escenario el salón de Plenos del Ayuntamiento, era reflejo de lo que sucedía en el resto de España: La “Guerra Escolar.”

            La “Guerra Escolar” supuso un enfrentamiento entre dos formas distintas de entender la libertad de enseñanza, Por un lado, el clero opinaba:

“…Nadie puede negar que el padre puede delegar la facultad de enseñar a sus hijos en el maestro; pero también, y, por consecuencia se tendrá que aceptar que el padre habrá de depositar su confianza en el que crea que se la merece. No admitir esta atribución es pretexto de que al estado le corresponde la educación de los niños, es negar el derecho natural que ha sido reconocido por todas las constituciones incluso por las más modernas[2]…”  

Por otro, el Noticiero Gaditano[3] argumentaba:

“… El proyecto (la Ley de Congregaciones y Confecciones religiosas) es comedido y respetuoso. No hiere sentimientos religiosos ni perjudica ninguna clase de creencias religiosas. Acusa gran seriedad y demuestra el alto sentido de justicia y democracia que guía a los hombres de la República para llevar a cabo la compleja labor de estructurar las leyes del Código fundamental de la nueva España…”

De acuerdo con la ley[4], cada Ayuntamiento debía crear una comisión que colaborara con el Ministerio para adaptar la Ley de Congregaciones y Confecciones Religiosas en la localidad. El 16 de junio de 1933 se crearía la de San Fernando. Estaba formada por: Ángel Calatayud y Catalina Gerite, maestros, y por los concejales Diego Berraquero y Manuel Caramé.

            Estas comisiones tenían dos objetivos fundamentales: tratar de buscar locales apropiados para sustituir la enseñanza confesional por la laica y dotar, a las escuelas creadas, de maestros que serían adjudicados a las mismas mediante cursillos de selección. Los objetivos eran consecuencia de la ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas y explicarían no solo la habilitación de nuevos locales, alquilados por el Ayuntamiento como escuelas sino también la construcción de un nuevo edificio para dar cabida a la segunda escuela de propiedad municipal en la plaza de Quintanilla que, por cierto, ya tenía nombre: Alejandro Lerroux[5].







[1] Hay que recordar que  la República se propuso llenar las escuelas con los mejores maestros. Pero los docentes de la época tenían una formación casi tan exigua como su salario. Se elaboró entonces el Plan Profesional. La carrera de Magisterio elevada a categoría universitaria dignificó la figura del maestro. A los aspirantes se les exigió, desde entonces, tener completo el bachillerato antes de matricularse en las Escuelas Normales, donde se enseñaba pedagogía y había un último curso práctico pagado.(Nota del autor)
[2] Periódico La Información de fecha 24 de octubre de 1931
[3] De fecha 18 de octubre de 1931
[4] Gaceta de Madrid de fecha 8 de junio de 1932
[5] Acta de la sesión del Cabildo del 26 de octubre de 1934

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